| Antecedentes y Justificación |
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La XIII Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá lugar en Santo Domingo (República Dominicana) a finales de junio del año 2006 se desarrollará en torno al eje temático general de “Referentes Iberoamericanos de Justicia: una respuesta frente a los retos de la Sociedad del Conocimiento”. Una de las cuatro grandes áreas que abordará dicha conferencia es la referente a “e-justicia: la Justicia en la Sociedad del Conocimiento”, cuyos resultados buscan ofrecer un plan de acción para la progresiva implantación efectiva de la sociedad del conocimiento en el ámbito judicial de los países iberoamericanos.
El proceso preparatorio hacia la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana ha incluido la conformación de diversos grupos de trabajo a fin de elaborar la documentación y materiales necesarios para el debate y adopción de acuerdos durante la Cumbre. El Grupo de Trabajo sobre “E-justicia” está integrado por representantes de los siguientes países:
La labor del Grupo de Trabajo E-justicia tiene como referentes inmediatos la Carta de los derechos de las personas frente a la justicia en el ámbito iberoamericano al igual que las resoluciones de la VIII Cumbre de Presidentes de Supremas Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y el IV Encuentro de Consejos de la Judicatura de Iberoamérica, realizados en Copan, Honduras y San Salvador, El Salvador durante el 2004. Dichos compromisos reflejan el consenso existente entre las y los integrantes de los Poderes Judiciales de la región al entender que la adopción de las tecnologías de información y comunicación en los sistemas de administración de justicia de los países iberoamericanos constituye un imperativo tanto en los aspectos de eficacia y eficiencia de los mismos, como en los de equidad, acceso a la justicia y contribución a la gobernabilidad y la protección de derechos. La VIII Cumbre y el IV Encuentro estableceron compromisos en torno a las acciones siguientes:“Primera: Trabajar incesantemente en la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para lograr la mayor eficacia y celeridad de las operaciones relacionadas con la administración de justicia. Segunda: Materializar acuerdos de intercambio y convenios de cooperación, entre las Cortes y Tribunales Supremos y los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica, a fin de brindar una mayor asistencia en la utilización de nuevas tecnologías. En este sentido, cuidaremos de que lo anterior no quede limitado por cláusulas restrictivas introducidas en los contratos con proveedores y organismos financieros. Tercera: Dotar a los Centros de Documentación e Información Judicial con la técnica informática que permita almacenar toda la información necesaria a estos efectos, respetando la legislación interna sobre protección de datos de carácter personal, y explotando las posibilidades de comunicación e intercambio que ofrecemos a través de IberIUS (Red Iberoamericana de Centros de Documentación e Información Judicial). Cuarta: Realizar las acciones correspondientes para lograr un cambio cultural de la comunidad jurídica y la adaptación de la legislación interna que permita que las nuevas tecnologías sean vehículo propicio para elevar la preparación técnica y profesional de los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, estableciendo los mecanismos que faciliten, en nuestras Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y a los Consejos de la Judicatura, un intercambio fluido de información, jurisprudencia, legislación y doctrina científica más actualizada, para mejorar el servicio al usuario de la justicia. Quinta: Impulsar los cambios legislativos necesarios que hagan posible la utilización de los beneficios que aportan las nuevas tecnologías en la administración de la justicia, especialmente en lo relacionado con el auxilio judicial internacional y dentro del marco que ofrecemos a través del proyecto de Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (Iber-RED), que aprobamos en esta edición. Sexta: La función judicial de Iberoamérica procurará la mayor difusión posible a los medios técnicos de manera especial en herramientas de desarrollo para optimizar las condiciones técnicas y minimizar costos de licencias. También intercambiarán información de negociaciones con las transnacionales sobre los costos de licencias operativas anuales.” Los estudios en curso sobre la sociedad del conocimiento o de la información, sin embargo, han establecido con bastante precisión que el paradigma en proceso de constitución va más allá de la incorporación y uso de tecnologías. En la medida en que en las esferas económica, social y cultural continúen expandiéndose los parámetros de celeridad, acceso efectivo, eficiencia, eficacia, simultaneidad e interactividad, se incrementará considerablemente la demanda de que la justicia, entendida como servicio público, integre las técnicas, modelos y herramientas de gestión así como procedimientos que la equiparen a otras dimensiones de la vida social. Nuevas figuras de derecho y nuevas cuestiones doctrinales están surgiendo al amparo de las nuevas realidades económicas y en cualquier capital o ciudad secundaria de Iberoamérica se realizan operaciones transnacionales que exigirán nuestra adecuación jurídica si no queremos perder más soberanía que la que supone la globalización actualmente. Los cambios en los modelos de gestión, la normativa y los procedimientos en alguno de nuestros fueros o materias jurisdiccionales no podrán implementarse sin ir a las dimensiones más profundas en que se sustentan nuestros poderes judiciales. Así, a la par que se introduzcan modos de actuación, procedimientos y técnicas a la altura de la sociedad de la información en cualquiera de los ámbitos judiciales, se irá produciendo una creciente demanda de su extensión hacia todos los demás, en consonancia con el debido proceso. La reforma de la gestión del proceso judicial conforme a la ampliación del uso de Internet y las intranets y el establecimiento de formas de consulta en línea y tiempo real entre instancias jurisdiccionales del mismo y de distinto nivel será considerado un requerimiento no sólo de eficiencia y eficacia jurídica, sino del debido proceso en términos de una justicia a tiempo y la eliminación de las demoras innecesarias. Una gestión más colectiva, horizontal y colegiada de las audiencias impulsadas por la capacidad de comunicación, consulta y referencia que implicará la sociedad de la información en el ámbito judicial se avizora ya en el horizonte de la administración jurisdiccional. Los cambios en roles y atributos de los diversos actores, operadores y usuarios de la administración de justicia son previsibles. Se requiere, entonces, profundizar en el estudio y la reflexión de los fenómenos en curso, para determinar con mayor precisión la dirección en que se producirán dichos cambios. |
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