Ciudad y País

Buenos Aires, Argentina

Institución promotora del proyecto

Instituto de Investigación para la Justicia

Otras instituciones involucradas

Poderes Judiciales participantes: Cortes Supremas: Costa Rica, El Salvador, Uruguay; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia; Cortes Supremas estatales o provinciales: Buenos Aires y Chubut (Argentina), São Paulo (Brasil), Nayarit, Sinaloa y Zacatecas (México);  Dirección de Informática (Poder Judicial de la República Dominicana).

Otras instituciones participantes: Fundación Esquel (Ecuador), FINJUS (República Dominicana), UNAM (México), Transparencia Internacional (Costa Rica), Agencia de Protección de Datos (España), Comisión Estatal de Acceso a la Información (Sinaloa, México), Due Process of Law Foundation ( EE.UU.), LexUM—Université de Montreal (Canadá). 

Financiaciamiento: International Development Research Centre (Canadá).

Fecha de inicio

Marzo 2002 a abril 2005

El objetivo del  proyecto fue analizar, establecer consenso y proveer de herramientas tecnológicas para lograr un equilibrio entre trasparencia judicial y protección de los datos personales.

 Necesidad del proyecto

Antes del proyecto se habían identificado varios casos de discriminación (fundamentalmente laboral) a partir de la información que era posible obtener en los sitios en Internet de los Poderes Judiciales, fundamentalmente datos sensibles sobre victimas, niños y adolescentes, portadores de VIH y otros datos de salud, personas que ejercían sus derechos laborales, etc.

Objetivos

Se pretendía analizar el impacto de las nuevas tecnologías de información y de las políticas judiciales de trasparencia sobre la intimidad, la protección de los datos personales y la seguridad. Las posiciones en los diferentes poderes judiciales de la región eran divergentes, por ello se busco identificar una línea de consenso que pudiera servir de base para una discusión mas profunda dentro de los poderes judiciales.

También se intentaba resolver las barreras económicas que se aludían para no proteger los datos sensibles, para ello se desarrollarían sistemas informáticos y se los pondría a disposición de los poderes judiciales.